Con un presupuesto histórico para el ICE, la administración Trump consolida un régimen de control estatal sobre el cuerpo migrante. Más que una política de frontera, es un proyecto de gestión de clase.
El “Big, Beautiful Bill”: represión con presupuesto
La administración de Donald Trump ha aprobado el llamado “Big, Beautiful Bill”, un plan que destina más de 100 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta suma representa el mayor presupuesto en la historia de la agencia, superando a organismos como el FBI o la CIA, y consolidando al ICE como el pilar de un nuevo orden interno autoritario.
Este plan multiplica por cinco la plantilla operativa del ICE y duplica la capacidad de detención, contemplando además la construcción de nuevos centros de reclusión masiva como el “Alcatraz Caimán”, en Florida, con capacidad para más de 40.000 personas.
Migración como dispositivo de clase
Más allá del discurso xenófobo que acompaña cada aparición pública de Trump, este presupuesto revela una operación estructural del capital estadounidense: usar el aparato estatal para segmentar, disciplinar y controlar a la fuerza de trabajo migrante, especialmente aquella procedente del Sur global.
La persecución no responde solo a razones ideológicas. La precarización legal, la inseguridad jurídica, y el encarecimiento de trámites básicos como el asilo o el TPS (Estatus de Protección Temporal) —cuyos costos aumentarán hasta en un 900 %— tienen un objetivo económico claro: convertir al migrante en una mercancía laboral descartable y explotable.
La frontera ya no es geográfica: es legal, económica y simbólica
El nuevo marco legal redefine el concepto de frontera. Ya no se trata de muros físicos (aunque también los hay), sino de barreras administrativas, financieras y sociales que establecen quién merece tener derechos y quién debe ser contenido, vigilado o deportado.
La lógica es clara: quien no puede pagar por su legalidad, queda fuera del sistema. Este umbral económico convierte el derecho a migrar en un privilegio de clase. Lo que se legaliza no es la movilidad, sino la capacidad de explotación sin garantías.
El ICE como motor económico: la industria del encierro
Lejos de ser una carga fiscal, el nuevo ICE es un negocio redondo. Grandes contratistas como GEO Group y CoreCivic —especializados en cárceles privadas— han visto subir sus acciones tras el anuncio del paquete presupuestario. Los centros de detención funcionan como infraestructuras de acumulación capitalista, donde los cuerpos de migrantes detenidos se convierten en activos de valor político y económico.
No es casual que la mayoría de los contratos para estas cárceles hayan sido externalizados, privatizados y blindados jurídicamente. Así, el Estado transfiere el control social a manos del capital, mientras institucionaliza un régimen de encierro que combina vigilancia, exclusión y rentabilidad.
Coerción legal, consenso ausente
Desde 2001, la lógica securitaria ha permeado todo el aparato institucional de EE.UU., pero lo que vemos hoy es un salto cualitativo hacia el autoritarismo de mercado. Este no se impone mediante el consenso, sino por medio de la coerción disfrazada de burocracia.
Las redadas masivas, la revocación arbitraria de ciudadanías, y la ampliación de causales para la deportación dejan claro que ya no se gobierna desde la inclusión, sino desde la amenaza constante. La ley deja de ser garantía y se convierte en trampa.
El excedente humano como problema de gestión
Desde una perspectiva crítica, este presupuesto apunta a un fenómeno que el sistema ya no puede ocultar: el crecimiento de un “excedente humano” estructural al modelo capitalista. Millones de migrantes —muchos de ellos trabajadores esenciales durante la pandemia— ya no pueden ser integrados plenamente, pero sí explotados de forma temporal, precarizada y sin derechos.
La política de detención y deportación se convierte, así, en una gestión racionalizada de cuerpos no deseados, útiles para el mercado pero invisibles políticamente. Esta es la necropolítica del siglo XXI: decidir quién vive bajo derecho, quién sobrevive sin él, y quién desaparece en el sistema carcelario migrante.
Una fase imperial sin máscara: coerción como norma
En lugar de redistribuir riqueza o ampliar derechos sociales, el imperialismo estadounidense responde a sus contradicciones mediante más control, más exclusión y más miedo. El “Big, Beautiful Bill” no es un error, ni una exageración trumpista. Es una política coherente con la fase actual del capital global, donde la hegemonía ya no se logra por el consenso, sino por la fuerza administrativa, jurídica y militar.
Estamos ante una nueva forma de fascismo institucional: uno que no grita, pero deporta; que no golpea en la calle, pero encierra con formularios; que no censura ideas, pero silencia cuerpos.
Editorial: resistir el modelo del encierro
Desde El Proletario denunciamos este giro autoritario, no como una anomalía, sino como una expresión clara del capitalismo en crisis. La respuesta a este modelo no puede ser únicamente humanitaria. Debe ser política y organizada, construyendo redes de solidaridad, visibilidad y resistencia.
Hoy más que nunca, la lucha por los derechos migrantes es una lucha de clases.
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